Poder político y televisión
Relaciones estructurales y desafíos para la sociedad civil [1]
Jorge Acevedo Rojas [2]

Los medios de comunicación, en particular la televisión, se han configurado como instituciones importantes en la construcción de imágenes y sentidos sobre los procesos políticos que ocurren en el país. La crisis de los partidos, la débil institucionalidad de la sociedad civil y el tipo de liderazgo construido por los gobernantes, acentuado en la década del noventa, han contribuido a relevar el rol de los medios en la configuración de sentidos sobre lo público, la aproximación y distanciamientos de la población frente a los actos de gobierno y la confrontación de discursos políticos. Alfaro (2002a, 2002b) y Degregori (2001), desde diferentes perspectivas de análisis, han contribuido a describir la compleja relación que se ha construido entre la política y los medios de comunicación en el Perú, y cómo esta vinculación involucra a los ciudadanos y ciudadanas con escasa participación orgánica en la vida política del país. Una ciudadanía distanciada de los escenarios del quehacer político pero observadora cotidiana de un espectáculo mediático que, en vez de tejer vínculos y abrir márgenes de participación, estaría alejándola de los espacios y el debate públicos.

En un contexto de transición a la democracia, socavada permanentemente por intereses económicos y sociales fragmentados, por una oposición que se debate entre el apoyo crítico al régimen y una especie de canibalismo político, y por los errores especialmente de manejo político del gobierno, los medios debieran constituirse en espacios para la divergencia pero fundamentalmente para la convergencia con relación a los principales problemas y alternativas de cambio para el país. Sin embargo, un sector de la televisión de señal abierta se debate entre una crítica por lo general encubierta al actual gobierno, especialmente Panamericana Televisión, canal involucrado con la corrupción fujimontesinista , y un apoyo escasamente crítico al régimen por parte de otras estaciones de televisión. En realidad las pantallas, a veces exacerbando los conflictos sociales y otras ocultándolos, no harían más que expresar los enfrentamientos y cercanías respecto al poder de los grupos propietarios de los medios de comunicación. En ambos escenarios, intereses privados se anteponen al interés público.

Breve crónica de una ley inacabada

La corrupción que involucró a canales de televisión durante la década pasada y el claro enfrentamiento de estos medios al gobierno actual, que en líneas generales ha apoyado decididamente los procesos judiciales contra la mafia instalada en el poder en los 90, motivó la reacción del Ejecutivo a  fines del año 2001. Entonces se expresó abiertamente la intención de revocar las licencias a los medios involucrados con la mafia, sin embargo la decisión nunca se tomó. Más bien se presentó un proyecto de ley que incluía algunas medidas significativas en materia de regulación con participación ciudadana. La suerte del proyecto presentado por el Ejecutivo, sin embargo, parecía estar echada. La comisión congresal que examinó la propuesta ciertamente convocó la participación de expertos y promovió audiencias públicas en el Congreso, pero la presión de los propietarios de los medios, bajo el argumento de que “no hay mejor ley de prensa que la que no existe”, volvieron poco menos que inservible la propuesta y, literalmente, la pusieron en la congeladora. Los empresarios “presionan en lo público y negocian en privado” con la clase política, señaló en el contexto del debate un director periodístico de un canal de televisión graficando la principal estrategia empresarial implementada. Las indefiniciones del gobierno actual respecto al tema y una lectura oportunista de la situación por parte de otros sectores políticos impidió cualquier intento de cambio.

Congresistas de diversas bancadas se convirtieron en abanderados de la libertad de expresión, pues “los medios son a la política lo que la jeringa al drogadicto” [3] . Aparentemente el Ejecutivo también llegó a la conclusión de que no había que introducir cambios en la legislación. ¿Y la sociedad civil? En parte hizo escuchar su voz pero, una vez más, no intervino en las decisiones.

Frente a estos acontecimientos coyunturales, cabe preguntarse si es nueva la relación entre los operadores de la televisión y un gran sector de la clase política en el Perú, especialmente los grupos que ejercen el poder. En el contexto de la discusión de la propuesta de ley ¿qué tipo de negociaciones se habrían generado entre los propietarios y las elites políticas? Y ¿por qué organizaciones de la sociedad civil no ha tenido una participación decisoria en el debate sobre la propuesta?

Ensayando una mirada retrospectiva para ubicarnos en el decenio pasado, es pertinente preguntarse si los vínculos con la corrupción fujimontesinista pueden interpretarse como un desliz de los propietarios de la televisión debido a la crisis económica, al tamaño reducido del mercado publicitario y a las presiones estatales.  ¿Fue, lo ocurrido en la década del 90, un hecho completamente excepcional? ¿Qué tipo de relaciones se han construido entre los dueños de la televisión y el poder político a lo largo de más de cuatro décadas? ¿Qué mecanismos de presión y negociación se han configurado desde el Estado? Y, en contrapartida, ¿qué estrategias emplearían los empresarios de la televisión para obtener beneficios del Estado? Bajo este modelo o patrón de relación, al que muchos han calificado como liberal en materia de comunicaciones ¿es posible introducir cambios significativos en las relaciones entre Estado, medios de comunicación y sociedad civil, construyendo un marco institucional distinto?

Relaciones entre el poder y la televisión

A la luz de los hechos, consideramos que en el Perú no se habría configurado un modelo liberal en el campo de la televisión privada, de libre competencia, plural y en el contexto de un marco institucional que favorezca la construcción de relaciones transparentes entre el Estado y los empresarios operadores. Más bien se ha construido un patrón de articulación caracterizado por la utilización que los  gobiernos de turno han hecho de la televisión como instrumento para legitimarse ante la ciudadanía, y un comportamiento esencialmente rentista desde los grupos empresariales operadores con relación al Estado. Así, la  complacencia y apoyo a los gobiernos por parte de la televisión o la confrontación abierta con éstos han estado marcados por la relación establecida en coyunturas específicas.

Esta relación, de carácter estructural [4] y que ha excluido de manera sistemática a la sociedad civil [5] , se expresa en una compleja trama de negociaciones generadas desde ambos actores que incluye una vinculación directa entre autoridades y empresarios, así como la utilización de mecanismos y espacios intermedios de negociación y presión.

Cabe anotar que la noción de relaciones de carácter estructural asumida en el presente artículo, nos ayuda a comprender, por ejemplo, las continuidades y la recreación de los vínculos entre el poder político y la televisión, en particular los mecanismos (delictivos) de negociación puestos en práctica por Montesinos. Así, si bien las formas específicas de vinculación con los empresarios de televisión construida aproximadamente desde 1997 no significan una ruptura respecto al patrón histórico de relación, sí ofrecerían elementos nuevos como la retribución económica directa a los empresarios y la digitación, al detalle, de programas periodísticos y de entretenimiento desde la mafia instalada en el poder.

Este patrón de articulación, desarrollado de diferentes formas y con diversos grados de intensidad a lo largo de más de cuatro décadas de funcionamiento de la televisión, tuvo un período de quiebre originado por las medidas reformistas del gobierno de Velasco, orientadas a generar mecanismos de participación de diversos sectores de la sociedad civil, reformas que en perspectiva no produjeron transformaciones significativas en el modelo. En la primera mitad de la década del 70 el Estado tomó el control de los medios, los empresarios salieron del juego, pero no se marcó una distancia entre aquellos y el poder. Además, las organizaciones de la sociedad civil no tuvieron una participación significativa en el proceso.

En general, las formas de vinculación que se habrían construido entre el poder y la televisión serían básicamente tres. De poder político a poder político mediático [6] . Esta forma implica un diálogo directo entre los  gobernantes y los propietarios de las empresas de televisión. La negociación es directa o a través de intermediarios de absoluta confianza. Los dueños de las empresas de televisión, de forma aislada o en grupo, son convocados por el Ejecutivo [7] , llegan a acuerdos que generalmente han significado apoyo al gobierno de turno y beneficios para las empresas de televisión y, eventualmente, para otras vinculadas a éstas. De forma inversa, la lejanía respecto al poder ha significado confrontación desde los medios y presiones y medidas controlistas desde el Estado.  Las iniciativas de negociación no sólo provendrían de los gobiernos, también se habrían originado desde los propietarios de las estaciones de televisión.

La segunda forma de relación sería el lobby en el poder legislativo , es decir las vinculaciones que surgen por iniciativa principalmente de los empresarios operadores y que se expresarían en la presión para que se aprueben determinadas leyes o dispositivos que los favorezcan, o para cerrarle el paso a los proyectos de ley que por el contrario pongan en riesgo sus intereses. El curso de la propuesta de ley presentada por el Ejecutivo a fines del 2001 grafica en parte esta segunda  forma de vinculación.

Una tercera forma sería el lobby en instancias intermedias del Ejecutivo . En estos niveles, los dueños de los canales o sus representantes dialogan con funcionarios de alto nivel, viceministros y directores generales. Así, obtienen beneficios concretos, especialmente facilidades para obtener o renovar licencias de funcionamiento.

Desde los gobiernos se ha construido una legislación en materia de radio y televisión que beneficia significativamente al interés privado por sobre el interés público. Las disposiciones no protegen a la ciudadanía, no se contribuye a la descentralización ni se brindan posibilidades de acceso a otros grupos de la sociedad a la televisión en el sentido de democratizar el espectro radioeléctrico. Aparecen como instrumentos de presión y negociación desde el Estado la facultad de autorizar a las empresas para operar en señal abierta y en el ámbito nacional mediante repetidoras, facultad que se encuentra en el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También los beneficios o presiones vinculadas a las obligaciones tributarias, de las empresas o personas titulares de las licencias, o de empresas vinculadas a éstos; intervención en procesos judiciales y avales de créditos ante la banca internacional. Igualmente, la inversión publicitaria del Estado, el mayor anunciante en los tres últimos años de la década del 90, es un instrumento de negociación de los gobiernos.

Cabe anotar que, en general, las empresas que manejan los canales de televisión son parte o lideran grupos económicos con poca significación en la economía nacional, aunque han conformado un oligopolio en materia de la cobertura nacional de sus señales.  No son  comparables por ejemplo a los 12 grupos de poder que en  1986 fueron convocados por el ex presidente García para llegar a acuerdos respecto a la política económica y el apoyo del Estado a la inversión privada. El poder de la televisión no sería principalmente económico como en otros países, radica en gran parte en los niveles de influencia que pueden ejercer en la configuración de sentidos sobre la política, en la legitimación o cuestionamiento de regímenes, líderes y estilos de gobierno [8] . En un sentido más amplio, los empresarios de la televisión podrían ser definidos como grupos de interés [9] de carácter intermedio cuyos capitales combinan recursos económicos y tecnológicos,  incidencia público política y, ocasionalmente, el apoyo de diversos sectores de la población, identificados con ellos por el carácter simbiótico de la relación establecida entre televisión y audiencias.

Por ello, los propietarios de los canales defienden cuestionables márgenes de libertad ¿o permisividad? inexistentes en diversos países del mundo. Tratan a toda costa de mantener las autorizaciones concedidas por el Estado para operar en señal abierta no permitiendo la posibilidad de procesos transparentes de evaluación y renovación de las autorizaciones para operar, tampoco procesos de concurso, es decir libre competencia. Se oponen a franjas electorales gratuitas [10] , a la inversión extranjera y, recientemente, algunos se han convertido en abanderados de la impunidad frente a los delitos cometidos durante la década del 90.

Las causas que explican el carácter de las relaciones establecidas entre poder político y la televisión en el Perú tienen sus orígenes en un manejo del Estado principalmente desde intereses privados [11] . Hacia fines de la década del 50, años en los que se inicia la operación de las estaciones de televisión en el país, la demarcación entre el interés público y los intereses privados era borrosa, prácticamente inexistente. Hoy en día la débil institucionalidad, en términos de una legislación que permita el acceso de sectores de la sociedad civil al espectro electromagnético y un ejercicio mayor de derechos ciudadanos referidos a información y comunicación [12] ,  y expresada en políticas de comunicación que favorecen a un grupo reducido de empresas privadas, tendría que ver más bien con el poder público político construido por los medios, en particular la televisión, y las utilidades que puede obtener un gran sector de la clase política.

¿Y la sociedad civil?

Pareciera que las organizaciones de la sociedad civil están condenadas a ser convidados de piedra en el debate de la ley de radio y televisión y, en general, en el proceso de las redefiniciones institucionales necesarias.  Los hechos recientes y pasados así lo señalan.  ¿Es posible introducir cambios y empezar a construir equilibrios en la relación Estado,  medios y ciudadanía? ¿Y que estos cambios se vean reflejados y, a su vez, fortalecidos por una participación significativa de la sociedad civil en la construcción y ampliación de la esfera pública desde el escenario mediático? La tarea es complicada. Por un lado aparecen las propias debilidades de las organizaciones como actores con capacidad de deliberación y, por qué no, de presión frente al Estado y los empresarios. Del otro lado, hay dos actores (un gran sector de los políticos, ya no sólo el grupo de gobierno, y los empresarios de televisión) históricamente vinculados e inmutables frente a propuestas de cambio, aunque no se trataría de actores monolíticos, pues es posible encontrar en ambos sectores indicios de cierta apertura al diálogo. Sin embargo, la tendencia dominante es el mutuo entendimiento, por las múltiples utilidades ya señaladas, y un cierra filas (y oídos) frente a la posibilidad de introducir transformaciones significativas en la institucionalidad vigente, cambios que resultan sustantivos para el proceso de transición democrática que experimenta el país.

El reto es inmenso, inviable para muchos, alcanzable en el mediano y largo plazo para otros. Implica la construcción de un movimiento ciudadano amplio y diverso por el cambio, ciudadanos y ciudadanas de a pie, organizaciones sociales de base, universidades, asociaciones de profesionales, estudiantes especialmente de comunicación y carreras afines, ONG nacionales e internacionales, un sector de los anunciantes, empresarios con responsabilidad social, el sector educación, emisoras y estaciones de televisión locales o comunitarias, algunos políticos y periodistas. Todos pueden contribuir desde su especificidad y ámbitos de influencia en principio a que el tema se discuta y a que las personas se asuman como sujetos de derechos referidos a información y comunicación. Aunque resulte una frase trillada, la sociedad civil tiene que construir capacidades de influencia y articularse en torno a ciertos desafíos y objetivos concretos, porque también la fragmentación representa un problema. Desarrollar actividades de información, educación, movilizaciones, diálogo y presión en las instancias del Estado, intentar acercamientos con empresarios de TV y dado el caso coordinar acciones de boicot a determinados programas. Hay una gama de estrategias, lo importante es el sentido que se les dé y su articulación con otras.

En este escenario y teniendo como un propósito fundamental la democratización de la relación entre medios de comunicación y ciudadanía, la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social desarrolla sus actividades. Ha convocado a diversas instituciones de la sociedad civil y profesionales individuales preocupados también por el tema y deseosos de aportar. Ha logrado construir alianzas con universidades públicas y privadas, de Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad y Puno, también con otras organizaciones de la sociedad civil. Está construyendo relaciones de diálogo con un sector de la clase política, con el gremio de anunciantes y con algunos empresarios y periodistas de radio y televisión, especialmente de provincias.  Pero, fundamentalmente, ha logrado convocar a jóvenes voluntarios y ciudadanos y ciudadanas veedores que alimentan constantemente con sus opiniones críticas respecto a los medios, sus propuestas y esencialmente con su espíritu de cambio, las reflexiones y planteamientos institucionales.

¿Cómo hacer que la sociedad civil, actor prácticamente ausente en la relación, construya poder y propicie un proceso de redefinición del marco institucional sobre la base de acuerdos imprescindibles con políticos y empresarios? Se puede ensayar diversas respuestas y alternativas. Lo importante es acometer el desafío y no dejar pasar la gran oportunidad que ha abierto lo ocurrido a fines de la década del 90 y los subterráneos niveles de calidad y ética que hoy en día muestra casi toda la televisión de señal abierta en el Perú.

BIBLIOGRAFÍA 

ALFARO, Rosa María
2002a Hacia una nueva ley de telecomunicaciones y más allá de ella. Lima, Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social.
2002b Una televisión parcializada. Monitoreo del comportamiento informativo político de la televisión peruana. Lima, Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social.

CAMPODÓNICO, Humberto; Manuel CASTILLO y Andrés QUISPE
1993 De poder a poder. Grupos de poder, gremios empresariales y política económica. Lima, DESCO.

CASTILLO, Manuel y Andrés QUISPE
1995 “Cambio macroecnómico y reconversión. Los grupos depoder con Fujimori”.  En PRETEXTOS No. 7, Lima, DESCO.

DEGREGORI  , Carlos Iván
2001La década de la antipolítica. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

DURAND, Francisco
1982 La década frustrada. Los industriales y el poder 1970 – 1980. Lima, DESCO.
1999 “La democracia, los empresarios y Fujimori”. En Fernando Tuesta: El juego político. Fujimori, oposición y reglas. Lima, Fundación Ebert.
2000 “Adiós a los 12 apóstoles”. En Quehacer No. 125. Lima, Desco. Pp. 98 – 105.

EXENI, José Luis
1998 Políticas de comunicación. Retos y señales para no renunciar a la utopía. La Paz, Fundación Ebert – Plural.

GARGUREVICH, Juan
1987 Prensa, radio y TV. Historia Crítica. Lima, Editorial Horizonte.

GIDDENS, Anthony
1984 La constitución de la sociedad. Buenos Aires, Editorial Amorrortu.

LUHMANN, Niklas
1989 “Complejidad social y opinión pública”. En revista Periodística Vol. 1 Número 1, Barcelona.

MALPICA, Carlos
1989 El Poder Económico en el Perú (Tomos I-II-III). Lima, Mosca Azul Editores.

PERLA, José
1989 La prensa, la gente y los gobiernos. Lima, DEYCO.

ROSPIGLIOSI, Fernando
2000 El arte del engaño. Las relaciones entre los militares y la prensa. Lima, edición del autor.

[1] El artículo presenta buena parte de las hipótesis de trabajo formuladas en el marco de una investigación que sobre poder político y televisión en el Perú desarrollan el autor y César Zamalloa. Las limitaciones y errores que pueda tener el texto son de exclusiva responsabilidad del autor.

[2] Miembro de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social. Docente e investigador universitario.

[3] La expresión corresponde al congresista Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano. Fue mencionada en una audiencia pública organizada por el Congreso de la República para que las comisiones especiales encargadas de investigar la corrupción durante el gobierno de Fujimori, en el período legislativo 2001-2002, presenten los resultados de su trabajo.

[4] Se entiende como estructuras a las series de prácticas reproducidas por los propios actores que al tiempo que condicionan su desenvolvimiento constituyen recursos para la acción de los sujetos. Los actores se ven condicionados por las estructuras, contribuyen a su reproducción, pero a su vez tienen la capacidad de recrearlas. Hay, en este sentido, una dualidad en las estructuras (Giddens, 1984).

[5] No hay consenso respecto al concepto de sociedad civil, las discusiones sobre su significado continúan en la comunidad internacional de las ciencias sociales. Sin que represente un concepto delimitado incluso para el presente artículo y especialmente para la investigación referida, entendemos que la sociedad  civil está constituida por una compleja trama de organizaciones que congregan intereses diversos y luchan por lograr el ejercicio de derechos ciudadanos, generando así la  posibilidad  de establecer contrapesos frente al Estado y al mercado.

[6] Francisco Durand ha calificado a la negociación directa entre los gobiernos y los grandes grupos económicos como una negociación de “poder a poder”. Véase al respecto Campodónico, Castillo y Quispe (1993).

[7] Rospigliosi (2000) describe la estrategia seguida por el gobierno de Fujimori en la víspera del golpe del 5 de abril de 1992, que implicó una reunión con propietarios de algunos canales de televisión. 

[8] Al respecto véase Alfaro (2002a, 2002b).

[9] La categoría proviene de la sociología inglesa, se trata de grupos de personas que comparten ciertos tipos de intereses, expresan ciertas reivindicaciones comunes respecto de otros grupos y en relación con el Estado. La categoría es utilizada en un estudio sobre grupos económicos y poder, véase Campodónico, Quispe y Castillo (1993).

[10] Respecto a este tema es contundente el testimonio del ex senador Rolando Ames, ofrecido en diferentes espacios de debate: a fines de la década del 80 presentó un proyecto de ley para que la televisión privada abriera franjas en sus programaciones para que todos los partidos políticos dieran a conocer sus propuestas en períodos de contienda electoral y el sistema democrático se construya sobre la base de igualdad de oportunidades. La ruta del proyecto se interrumpió, debido especialmente al lobby de los empresarios de televisión y a una presión mediática que comprometió también a algunos periodistas.

[11] La distribución del espectro radioeléctrico y otras disposiciones que en principio regularon la operación de la televisión de señal abierta fueron definidas durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche (1957), considerado el último presidente del poder oligárquico. Persistía aún un manejo patrimonialista del Estado. En Gargurevich (1987) puede encontrase un conjunto de hitos respecto a decisiones de gobierno que  han beneficiado claramente a diversas empresas de televisión, por ejemplo la renuncia del Estado peruano a la frecuencia 5 en favor de Panamericana Televisión, a principios de la década del 60.

[12] En este modelo, la ciudadanía es principalmente consumidora de medios y sus derechos se limitan a demandar ante el poder judicial excesos de los medios como ilícitos penales.

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