| Gestación e Interrupción de la Ley de Radio y Televisión
José Perla Anaya *
La historia de la relación perversa que entabló el gobierno de Fujimori con los medios de comunicación empezó a fraguarse casi tan pronto como se ejecutó el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. En esa ocasión, como hice notar en más de un artículo, algunas de las empresas de radiodifusión más conocidas, parecieron actuar en forma coordinada con los golpistas, quitando importancia al asunto de violación de las normas constitucionales o invitando de un modo u otro a entender que, como creo que dijo en otra oportunidad Martín Adán, con el nuevo golpe de Estado “el Perú había vuelto a la normalidad”.
En los años que siguieron a 1992 se fue tejiendo una red de dependencia y sometimiento entre el gobierno y los medios, basada en el dinero, el chantaje, el favoritismo, el halago y también la amenaza y la tortura. El poder del dinero fue tan grande como el del narcotráfico y pudo avasallar casi sin dificultad ni resistencias mayores a toda una clase empresarial y profesional periodística ansiosa de vivir “mejor”.
Los resultados de este sistema todos lo conocemos y lo sufrimos. Estoy convencido de que si el gobierno de entonces no hubiera podido doblegar tan fácilmente la conciencia de los empresarios y periodistas de entonces, no habría podido recorrer el camino de la corrupción con la celeridad y extensión con que lo hizo.
Felizmente, en noviembre del año 2000 y en este caso gracias a la labor heroica de algunos medios de comunicación y de sus periodistas, el gobierno de Fujimori culminó con la fuga de este al Japón.
Desde entonces, se planteó como tema ineludible en la agenda nacional, el de la investigación y la sanción de la corrupción y como es natural, dentro de dicho proceso ocupaba un lugar relevante, acabar con la de los medios de comunicación que habían contribuido al mantenimiento de un sistema de desinformación y de encubrimiento.
En lo que respecta a la televisión, por ser el más impactante de los medios y por cuanto “la imagen de un vladivideo dice más que mil palabras”, las escenas de los empresarios recibiendo montones de fajos de billetes a cambio de ceder el manejo de la programación informativa y de entretenimiento al ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, tuvieron una mayor repercusión.
El gobierno de Paniagua se planteó en algún momento, aunque levemente, el dilema de hacer algo para sancionar a las empresas operadoras de los canales de televisión. Pero, no obstante de que él mismo había sido víctima de ellos (recordar al respecto su secuencia dominical de enfrentamiento al periodista Nicolás Lúcar en el Canal 4), optó finalmente por dejar el asunto al siguiente gobierno.
Obviamente, pesó en tal decisión el carácter transitorio de su gobierno y la mayúscula dimensión del problema que se le hubiera abierto, no solo a nivel nacional, sino internacional, de haberse “atrevido” a cancelar las autorizaciones y licencias de las principales empresas operadoras de la televisión. Más aún, cuando según algunos abogados la base legal para hacerlo no existía y para otros era de débil sustento. En todo caso, la decisión gubernamental era de alto riesgo.
Así quedó el asunto hasta llegar el gobierno del Presidente Toledo en julio del año 2001. Al poco tiempo de su instalación y en medio de los avatares de las múltiples e imposibles demandas por atender, apareció en octubre un nuevo vladivideo comprometedor de la actuación de la mafia en la televisión. Las imágenes mostraban al último empresario que aún quedaba en libertad (Schutz, del Canal 5), recibiendo las consabidas montañas de billetes. Inmediatamente, el empresario fugó, prefiriendo sumarse en Argentina a los Crousillat (Canal 4), que en la cárcel con los Winter (Canal 2).
De este modo, nuevamente el escándalo de la televisión se desató. Los ciudadanos en las calles reclamaban justicia. Los periodistas se rasgaban las vestiduras. Y los nuevos directivos a cargo quitaban el cuerpo y marcaban distancia respecto a los anteriores. Todas las miradas se volvían entonces al nuevo Presidente, exigiendo ahora sí, que dictara las medidas políticas pertinentes.
Es en este contexto, que el viernes 5 de octubre, poco antes de entrar a mi primera clase de las 8 de la mañana en la Universidad de Lima, recibí una llamada del Cusco de mi ex alumno y amigo Pedro Planas Silva, quien había sido asesor del Presidente Paniagua y entonces lo era del Presidente Toledo. Recordando nuestras conversaciones sostenidas en los meses pasados sobre la materia, me comprometió a reunirnos el lunes temprano, para conversar sobre “el problema de la televisión” e informar al Presidente Toledo. De inmediato me puse a actualizar el material que habíamos revisado en Palacio durante el gobierno del Presidente Paniagua.
Lamentablemente, cuando estaba febrilmente abocado a esta tarea de colaboración amigable, al mediodía del fatídico domingo 7 de octubre, mi hija Lucero me dijo muy triste que su querido profesor había muerto. Apagué entonces la computadora y pensé que sin él ya nadie se interesaría seriamente en el asunto.
Sin embargo, al poco tiempo y sin tener vinculación ni nexo alguno con las autoridades respectivas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fui convocado para colaborar con ellos en el estudio de varios puntos concernientes a la televisión. Entre otras cuestiones, se trataba de responder las siguientes preguntas: ¿cabe sancionar a las empresas operadoras de televisión con la cancelación o revocación de la autorización y la licencia por la conducta (aún en fase de investigación penal) de algunos de sus directivos? ¿Cuáles son las reformas que pueden introducirse en la Ley de Telecomunicaciones vigente para evitar que vuelva a entrar la corrupción a la televisión? ¿De qué forma se podía reestructurar la entidad encargada administrativamente de asignar las autorizaciones y licencias de televisión?
Aunque por razones de orden profesional, no es posible relatar todos los detalles sobre el proceso de gestación del proyecto legislativo en el ámbito del Poder Ejecutivo y luego de la modificación y finalmente sustitución del mismo en el Congreso de la República, entre los meses de octubre del año 2001 y abril del año 2002, me ha parecido necesario dejar al menos un registro general de los hechos principales. Gran parte de las líneas que desarrollo a continuación han sido incluidas en el libro “La Ley Pendiente de Radio y Televisión” que ha publicado la Universidad Particular de San Martín de Porres.
Como ya se ha dicho arriba, entre los muchos asuntos que desataron una incesante polémica nacional a partir de la instalación del gobierno del Presidente Alejandro Toledo, se encontró en un lugar principal el de la regulación de la televisión. Las discusiones irrumpieron con fuerza inusitada cuando aparecieron las cintas de video con las escenas de corrupción protagonizadas por los representantes y propietarios de las empresas operadoras de los canales de televisión, a quienes se observaba recibiendo dinero del ex - asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos Torres, a cambio de seguir sus indicaciones en el manejo de la programación de las televisoras.
En vista de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción había llegado a la conclusión de que no había norma alguna en la vigente Ley de Telecomunicaciones de 1993 (Texto Único Ordenado aprobado por D.S. 003-93-TCC) y su Reglamento de 1994 (D.S. 06-94-TCC y sus modificatorias), que permitiera a la autoridad administrativa sancionar a las empresas de televisión por la presunta comisión de ilícitos penales en que hubieran incurrido sus representantes, se planteó a nivel del Gobierno la urgente necesidad de efectuar una revisión general de las normas legales sobre la radiodifusión. Contribuyó a esta decisión el impacto que los dramáticos sucesos vinculados a la televisión produjeron sobre amplios sectores de la comunidad nacional, los que se movilizaron de una y otra manera reclamando el pronunciamiento y exigiendo la actuación de los distintos poderes públicos.
Atendiendo esta preocupación, el Poder Ejecutivo a través del entonces Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y la Presidencia del Consejo de Ministros, preparó a ritmo acelerado el Proyecto de Ley denominado “Ley de Modernización y Transparencia de los Servicios de Telecomunicaciones”, cuyo objeto se circunscribía a modificar alrededor de veinte disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones de 1993 y que con el Nro. 1511/2001 ingresó al Congreso de la República el 8 de diciembre de 2001. La iniciativa para poner en marcha este proceso de reforma legislativa y para sostenerlo en los meses siguientes en coordinación con el Congreso de la República se debió fundamentalmente al Ministro Luis Chang, al Viceministro José Távara y a otros altos funcionarios del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. En mi opinión, ellos afrontaron con ecuanimidad y seriedad el estudio de los casos de corrupción dentro de lo que las normas legales permitían y no se dejaron llevar por las presiones para resolverlos con una ligereza que habría resultado perniciosa.
La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, presidida por Natale Amprimo Plá, cuyo partido Somos Perú integra la Unión Peruana Descentralista, optó por designar una Sub-Comisión para que se abocara a revisar el Proyecto de Ley remitido. Además del indicado congresista, integraron el grupo de estudio y como vicepresidente Jacques Rodrich, del partido gobernante Perú Posible, Luis Heysen Zegarra, del Partido Aprista Peruano y Rafael Aíta e Hildebrando Tapia de Unidad Nacional. A las pocas semanas de haber iniciado su trabajo, la Sub-Comisión decidió no constreñirse a la propuesta de modificación parcial de la legislación contenida en el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo y emprender más bien la revisión integral de la legislación de radio y televisión, con la finalidad de aprobar una ley de carácter autónomo sobre dichos medios. La realización de un esfuerzo legislativo de esta naturaleza solo tenía como antecedente la Ley Nro.16851, promulgada en las postrimerías del primer gobierno de Fernando Belaunde, el 28 de febrero de 1968, pero que nunca fue reglamentada ni aplicada debido al golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado del 3 de octubre de ese mismo año.
La versión final del Proyecto de Ley que finalmente obtuvo el dictamen aprobatorio de la Comisión del Congreso en abril del año 2002 consta de 159 artículos, cuatro disposiciones complementarias, cuatro finales y tres derogatorias. No obstante que el texto aprobado es mucho más extenso que el del Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, mantiene de este la pretensión fundamental de propugnar la modernización y la transparencia del sector de radio y televisión y recoge en gran parte el espíritu de las normas originariamente propuestas.
En el Proyecto de Ley del Congreso los legisladores han optado por desarrollar la regulación de todos los Servicios de Difusión, dentro de los cuales según la actual Ley de Telecomunicaciones se encuentran no solo los Servicios de Radiodifusión (radio y televisión), sino también los Servicios Públicos de Difusión y los Servicios Privados de Difusión. Esta decisión de tratamiento legislativo conjunto puede ser discutible, pero no es difícil de solucionar, pues nada impide que de considerarlo más conveniente, los legisladores aprueben del Proyecto de Ley de Radio y Televisión la parte relativa a los Servicios de Radiodifusión y continúen dejando las disposiciones sobre los otros Servicios de Difusión dentro de la actual Ley de Telecomunicaciones para proceder a su revisión por separado en un plazo ulterior.
La preparación del Proyecto de Ley de Radio y Televisión se basó en gran medida en las sugerencias y planteamientos que llevaron a la Comisión del Congreso los representantes de diversos sectores ciudadanos, predominantemente de funcionarios, empresarios y académicos, así como también los organizadores de mesas redondas, foros y otros actos públicos organizados fundamentalmente por entidades civiles y universitarias. Aunque la polémica durante la redacción del Proyecto de Ley fue intensa y como es obvio no todos sus integrantes estuvieron de acuerdo con la integridad del texto, hay que reconocer que en el se expresó, al menos en el momento de su aprobación unánime en la Comisión, una especie de transacción política.
El martes 23 de abril del año 2002, al momento en que el congresista Natale Amprimo entregó el Proyecto de Ley dictaminado al Presidente del Congreso Carlos Ferrero, este declaró que se haría todo lo posible para someterlo a votación en el plazo máximo de treinta días. Lamentablemente, han pasado muchos meses desde entonces y al momento de escribirse estas páginas el país sigue a la espera de la realización del debate final de dicho texto en la sesión plenaria del Congreso de la República, trámite que ha sido postergado varias veces sin explicación alguna. Muchos ciudadanos, sin embargo, siguen demandando que continúen las discusiones y que estas maduren pronto en la aprobación de una norma legal que satisfaga las legítimas expectativas que tiene la comunidad respecto a la radiodifusión, como es la de que se logre el máximo y equitativo aprovechamiento de los medios electrónicos de comunicación masiva y de que los representantes de las empresas y los comunicadores de la radio y la televisión desarrollen sus actividades dentro del marco constitucional y legal, estando sujetos a la supervisión y al control oficial y social, como cualquier otro sector de la actividad económica.
Considero que en este estado del asunto, es más necesario que nunca que se tenga el mayor conocimiento posible del Proyecto de Ley de Radio y Televisión aprobado en la Comisión del Congreso, así como de otras alternativas de propuesta, como la que presentó individualmente el congresista Javier Diez Canseco y de otros proyectos relacionados con el tema que fueron presentados al Congreso de la República. Hay que señalar también la expectativa despertada por el Proyecto de Ley de Radio y Televisión que ha preparado la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, el cual en mi opinión ofrece la alternativa ideal de solución del problema de entrampamiento legal en que nos encontramos en este momento.
De todos modos, quiero advertir desde ahora, que de nada servirá que se apruebe una Ley de Radio y Televisión, por difícil que haya sido dicho proceso, si luego ella no se cumple, es decir si no es eficaz. La ley tampoco servirá si cuando se ejecutan formalmente sus disposiciones, se comprueba que estas no resultan ser efectivas para lograr los propósitos que el legislador pretendía alcanzar. Teniendo en cuenta estas dos observaciones, hay que concluir que al aprobarse la Ley de Radio y Televisión, será indispensable asumir el compromiso y la responsabilidad de velar porque ella sea tanto eficaz como efectiva.
Hay que mencionar finalmente que en todas partes del mundo, la formación y desarrollo de las comunidades democráticas modernas, se sostiene sobre el fundamento del derecho humano a comunicarse. Este implica ejercitar constantemente las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, sin la previa autorización o interferencia de funcionarios o particulares, pero también conlleva asumir la responsabilidad legal que implica ejercitar el derecho a comunicarse.
Los empresarios y comunicadores de los servicios de radiodifusión son los primeros obligados a velar por la preservación y fortalecimiento de las libertades fundamentales de la información y la comunicación. Si ellos decaen en su actitud militante de utilizar la radio y la televisión para fiscalizar a las autoridades y no propician en tales medios la creación de espacios democráticos donde sea posible el encuentro ciudadano y el debate público, es seguro que el estado de derecho y la moral nacional sufrirán una pérdida tan grave que ello podría llevar al quiebre completo de las bases que hacen posible la convivencia social. Bien sabemos los peruanos la realidad de este aserto, pues el incumplimiento de los deberes en que incurrieron no hace mucho las empresas, los propietarios y los comunicadores del sector de la radio y televisión, fomentó tan graves enfrentamientos entre nosotros, sobre todo durante la agonía del régimen del fujimorato, que en gran medida ellos aún siguen dividiendo al país y quizás lamentablemente continúen haciéndolo por mucho tiempo.
Algunos compartimos la convicción de que si las personas responsables de los medios y especialmente de la televisión, hubieran rechazado hacerse partícipes de la comisión de delitos contra el orden constitucional y legal y por el contrario hubieran reaccionado denunciando públicamente a los autores e instigadores de los mismos, el país se hubiera podido ahorrar muchos dolores y tanto nuestra vida social como nuestra dignidad nacional hubieran salido robustecidas y no melladas como se encuentran ahora.
Ojalá que con el apoyo de la nueva norma legal que se apruebe, los empresarios y comunicadores que tienen en sus manos el manejo de la radio y televisión del país, puedan más temprano que tarde ofrecer a los peruanos de las nuevas generaciones, dignos ejemplos y escenas, tanto reales como de ficción. Sólo esto llenaría de orgullo a los radioescuchas y televidentes, borrando en forma definitiva de sus mentes, los recuerdos negativos que les trae ver una y otra vez las imágenes de los radiodifusores conspirando contra los derechos fundamentales de las personas y de nuestra colectividad.
* Abogado, consultor y especialista en legislación en comunicaciones. Profesor de la Universidad de Lima y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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